SOBRARBE EN EMERGENCIA FECAL POR FALTA DE DEPURADORAS

 

Estación depuradora de un pueblo del sur de España.

La mayor multa de la historia de la UE a España sigue creciendo: ya van 53,4 millones por las aguas residuales

La sanción que tiene que afrontar España por la falta de depuración de las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas —en las que viven más de 350.000 personas— sigue aumentando: asciende ya a 53,4 millones de euros. Es la mayor multa de la Unión Europea a la que ha tenido que hacer frente España desde que ingresó en el club comunitario. Continuará creciendo semestre a semestre mientras no se solucionen los problemas de todas estas zonas denunciadas por Bruselas.

Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2018 la sentencia por la que se imponía esta multa que crece a razón de algo más de 10 millones por semestre, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un calendario en el que se fijaba 2023 como el año en el que estarían listas las depuradoras de las nueve aglomeraciones afectadas. Pero ahora el horizonte para que todas las obras estén ejecutadas y plenamente operativas es 2024 o 2025, según este departamento. De momento, solo se ha conseguido poner en marcha la estación de la aglomeración de Tarifa (Cádiz), que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes. El resto se enfrentan a tramitaciones, ejecuciones y puestas en funcionamiento que se eternizan mientras sigue engordando la multa europea. Se trata de las depuradoras de las aglomeraciones de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Barbate (Cádiz), Nerja (Málaga), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).

Las competencias sobre la depuración de aguas son de las administraciones locales. Pero cuando los Ayuntamientos o mancomunidades no pueden afrontar los gastos, las comunidades autónomas suelen asumir las obras. Esto ha ocurrido en cuatro de los ocho casos afectados por esta sanción europea —que están pagando el Estado y las comunidades autónomas afectadas—. Las otras cuatro depuradoras han sido declaradas de interés general, una figura que el actual equipo del ministerio cuestiona ahora. Porque la puesta en funcionamiento de las depuradoras declaradas así a veces se enfrenta a retrasos por la dificultad a la hora de que recuperar los costes, que acaban teniendo que afrontar unos municipios que alegan que no tienen recursos ni siquiera para el mantenimiento de las instalaciones. 

En Sobrarbe la población es mucho menor, pero a cambio el impacto de la total y absoluta falta de depuración de aguas residuales tiene mucho mayor impacto debido a que los vertidos fecales contaminan las cabeceras de los ríos pirenaicos ya desde su mismo nacimiento.

Algunos alcaldes de Sobrarbe, en especial el de Tella, que además es guarda del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido promueven la instalación de retretes en el nacimiento del río Yaga electrificando el pueblo deshabitado de Revilla (un solo habitante autóctono, de nombre Jerónimo) para que personas aburridas de su ciudad, Zaragoza y Monzón, se instalen a vivir allí y puedan defecar bien iluminados y sus heces pestilentes lleguen directamente a las gargantas del río Yaga. Y además, toda esta aberración, criminal-ambiental, ha sido financiada por el Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

¿Es ésta la Transición Ecológica de la Ministra Teresa Ribera?

Nacimiento del río Yaga. Va a verse contaminado por el incremento de vertidos fecales sin depurar gracias a la electrificación de Revilla promovida por un guarda del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Feliciano Sesé, alcalde de Tella.

El río Yaga está a punto de ser contaminado a causa de la desidia y corrupción del Gobierno de Aragón y del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que aprobó financiar la electrificación de Revilla con los fondos del Centenario de Ordesa. ¡Tarde o temprano pagarán por este crimen ambiental!